Imputaron a los acusados de golpear a una mujer en un club de golf

La Justicia imputó por "lesiones leves" a la pareja de golfistas que atacó a una mujer oriunda de La Plata y les prohibió acercarse a la víctima.

Los golfistas acusados de agredir a una mujer en Pinamar fueron suspendidos del club, y la Justicia los imputó por “lesiones leves”. La víctima se llama Silvia Lo Presti, tiene 61 años y es de City Bell, pero actualmente tiene domicilio en la ciudad balnearia.

Por su parte, los agresores,  Mariano Girini y Celeste López, el dueño de una farmacia en Pinamar, y su pareja, todavía no declararon, pero se espera que pronto sean llamados a indagatoria. Ambos se encuentran en la mira de la Justicia.

El club privado Links de Pinamar suspendió a los golfistas luego de ser acusados de agredir a la mujer en sus instalaciones. En un comunicado oficial, la entidad repudió el hecho y explicó que tomaron la decisión de prohibirles el uso de las canchas mientras se esclarece la situación judicial.

El club dejó en claro que no toleran ningún tipo de violencia ni racismo y que los jugadores que forman parte de su comunidad deben regirse por los principios éticos del golf. En este caso, tanto López como Girini enfrentan una acusación de lesiones tras una pelea en el campo de golf, que fue captada en videos que se viralizaron en las redes sociales.

Los testimonios

El lunes, la situación de los imputados se agravó cuando dos testigos claves declararon en la causa. Una de las testigos, amiga de la víctima, señaló que López utilizó un palo de golf para golpear a Silvia Lopresti en el cuello, causando un hematoma visible. En su declaración ante el fiscal, la mujer detalló cómo el ataque se produjo después de una discusión entre las dos mujeres, que había comenzado en el campo de golf.

El segundo testigo, un hombre que filmó el momento posterior al ataque, corroboró las palabras de la testigo. En su declaración, aseguró que vio a López golpear a Lopresti con el palo de golf, mientras él mismo intervenía en la situación.

El fiscal Juan Pablo Calderón, quien lleva adelante la causa, está evaluando las pruebas y testimonios. Por el momento, los acusados han recibido una orden de prohibición de acercamiento a la víctima, pero no han presentado abogados ni hecho declaraciones públicas. Los cargos iniciales son de lesiones, aunque no se les imputa el agravante de odio racial, ya que, según las autoridades, este no fue el móvil principal de la agresión.