Un fallo a pedir de Villarruel: reabren la causa por la bomba en Coordinación Federal

Victoria Villarruel podrá cerrar el año con uno de los fallos que quería. La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó reabrir una causa emblemática contra militantes de los años ‘70: la que se presentó por la bomba colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en julio de 1976.

Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron que la bomba en la sede de la calle Moreno es una grave violación a los derechos humanos y, por ende, no está prescripta.

La explosión se produjo el 2 de julio de 1976 en lo que se conocía como Coordinación Federal. Allí la Policía Federal Argentina (PFA) tenía su área de inteligencia y regenteaba un campo de concentración que funcionaba desde antes del golpe de Estado. En ese ataque murieron 23 personas.

La causa se inició en agosto de 2003 como una reacción a la decisión del Congreso de anular las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables de los crímenes perpetrados por la última dictadura. En ese momento, la empresa no tuvo éxito: la jueza María Servini dijo que no era un crimen de lesa humanidad y, por ende, había prescripto. En 2012, la Corte Suprema validó lo resuelto por la magistrada.

Justicia y Concordia volvió a la carga en 2021 cuando soplaban nuevos vientos, sobre todo con la llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel al Congreso. Justicia y Concordia es la misma asociación que impulsa el hábeas corpus para que los represores vuelvan a sus casas.

La Sala I de la Cámara Federal encomendó llamar a indagatoria a Mario Firmenich, líder de la organización Montoneros por este hecho, y, en paralelo, aceptó como querellante Eduardo Emilio Kalinec, uno de los represores de la Policía Federal Argentina (PFA) que purga una condena a prisión perpetua por crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo.

En la causa no solo están denunciados militantes que sobrevivieron al terrorismo de Estado sino víctimas directas, ya que lleva el nombre de José María Salgado y también se apunta contra el periodista Rodolfo Walsh.

Los argumentos de la Cámara

Llorens lleva la voz cantante en el fallo, que hizo una reversión de la teoría de los dos demonios. "La brutal represión ilegal que desplegó la dictadura militar que usurpó el poder a partir de marzo de 1976 fue el episodio más oscuro, cruel y aberrante de la historia argentina. No hubo porción de la historia argentina previa a ese período que se le compare. Pero, aun así, su barbarie no absuelve ni exculpa a quienes planearon el atentado -la conducción de la organización 'Montoneros'-; a las distintas células encargada de su logística y realización -los integrantes del denominado 'Pelotón de Combate Sergio Puigros'-; ni a los que lo ejecutaron materialmente. Las atrocidades de unos, no neutralizan los crímenes de los otros".

El argumento central de Llorens para promover la reapertura de la causa es que nunca se investigó el ataque contra el comedor de Coordinación Federal. "El acto en sí, es verdad, es atribuido --en principio-- a particulares. Pero la omisión de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos es estrictamente una deuda del Estado cuya omisión provoca responsabilidad internacional", señaló el presidente de la Cámara Federal.

En otras palabras, se debe investigar ahora porque no se investigó antes, únicamente hubo un sumario policial. Y si no se investigó antes es porque la dictadura decidió juzgar el caso con sus métodos: el secuestro, la tortura sin límite, el homicidio y la desaparición.  Llorens también señaló que no fueron escuchados los familiares de las víctimas del atentado y que a ellos les asiste el derecho a la verdad.

Lo central del voto de Llorens es plantear este fallo como un parteaguas en el proceso de justicia en la Argentina. "Hubo una época en la que la justicia penal debió colocar el foco en un fragmento de la herencia de esos años, impulsado también en el ambicioso proyecto de brindar un terreno de calma que sirviera de sustento a una nación pacificada", escribió citando un libro de Federico Morgenstern, el secretario de la Corte Suprema que impulsó el fallo del 2x1 para los criminales de la dictadura.

"Ahora tal vez haya llegado el momento de iluminar alguno de esos espacios de sombra; de traerlos al centro de atención y anunciar que con el silencio no hubo ninguna remisión de responsabilidades, solo una gestión de tiempos", añadió mientras recordaba que "la historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos".

Bertuzzi y Bruglia, por su parte, dijeron que impulsaban la causa porque se trata de un evento de "enorme gravedad y magnitud" en el que el Estado no cumplió con su obligación de impulsar la acción penal. "Consideramos que, a pesar del tiempo transcurrido, aún es posible avanzar en la investigación en el presente para esclarecer las responsabilidades en este suceso y poner fin al estado de incertidumbre que afecta a las víctimas y sus familiares", afirmaron.

Los dos camaristas señalaron que existe responsabilidad internacional del Estado si un hecho no ha sido investigado ni sancionado, y recordaron que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó a la Argentina por la impunidad en el caso AMIA.

Un contexto favorable

El fallo de la Cámara Federal se conoce meses después de que Villarruel dijera en un acto en el Senado que ella iba a impulsar la reapertura de las causas contra todos los militantes de los años ‘70 porque quería a “todos los montoneros presos”.

La vicepresidenta es una militante de la "memoria completa". Dos semanas atrás, el ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que, desde el 10 de diciembre de 2023, Milei impulsa la "memoria completa". Éste es el latiguillo con el que responden los sectores de las Fuerzas Armadas al reclamo de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos.

Villarruel preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que tiene como principal objetivo la reapertura de causas contra militantes de los años '70. El Celtyv es un desprendimiento de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), conformada para 1992 por Fernando Exequiel Verplaetsen, exjefe de inteligencia de Campo de Mayo y exjefe de la policía bonaerense durante la dictadura.

La estrategia del generalato --sobre todo de los que venían de inteligencia-- fue responder a la reapertura de las causas por crímenes de la dictadura con denuncias contra los militantes de aquellos años que sobrevivieron a la masacre.  Buscaban generar una situación de "empate" que obligara al dictado de una amnistía general. Ésta estrategia puede leerse en los papeles de Carlos Alberto Martínez, hombre fuerte de la inteligencia de la dictadura.